Industrial Accelerator Act: el giro positivo de la UE para la industria, la automoción y las baterías

La Comisión Europea ha presentado una propuesta de reglamento denominada Industrial Accelerator Act, con el objetivo de reforzar la capacidad industrial de la Unión y acelerar la descarbonización de algunos sectores considerados estratégicos.

Se trata de una iniciativa que debe leerse dentro de un marco más amplio. En los últimos años, Europa ha tenido que afrontar una doble necesidad: por un lado, reducir las emisiones e impulsar la transición energética y, por otro, proteger y relanzar su base manufacturera. Y es precisamente aquí donde encaja la lógica de la propuesta. La idea, en esencia, es simple: convertir la descarbonización no solo en un reto medioambiental, sino también en una oportunidad para consolidar la producción industrial europea.

Según lo expuesto por la Comisión en la comunicación que acompaña a la propuesta, la medida forma parte de las iniciativas europeas dedicadas a la competitividad industrial y pretende, entre otras cosas, apoyar el desarrollo de la manufactura en la Unión, reducir las dependencias estratégicas de terceros países y favorecer la difusión de tecnologías limpias.

En definitiva, no se trata solo de normas. Se trata de una visión industrial más explícita. Europa quiere producir más en su propio territorio, reforzar las cadenas de valor estratégicas y reducir la vulnerabilidad ligada a componentes, materiales y tecnologías procedentes del exterior.

Qué es el Industrial Accelerator Act y por qué es importante

La propuesta establece un marco de medidas pensado para acelerar la capacidad industrial europea y la descarbonización en los sectores considerados estratégicos. Por tanto, no se trata de una intervención limitada a un único sector, sino de un marco más amplio que reúne industria, cadenas de suministro, sostenibilidad y competitividad.

Entre los objetivos señalados por la Comisión se encuentra también el refuerzo de la base manufacturera europea, con una meta muy clara: que el sector industrial represente el 20% del PIB de la UE de aquí a 2035.

Este dato ayuda a entender bien el alcance de la propuesta. El punto no es simplemente apoyar algunas inversiones adicionales o introducir una nueva etiqueta regulatoria. El punto es intentar devolver la industria al centro de la estrategia económica europea, de forma coherente con la transición energética y con la necesidad de reducir las dependencias externas.

En el fondo, la pregunta a la que el reglamento intenta responder es la siguiente: ¿cómo puede Europa seguir siendo competitiva, descarbonizarse y al mismo tiempo preservar su fuerza productiva? El Industrial Accelerator Act nace precisamente como un intento de dar una respuesta concreta a este equilibrio.

Los sectores estratégicos identificados por la propuesta

El reglamento identifica varios ámbitos prioritarios en los que concentrar la acción.

El primero se refiere a las industrias de alto consumo energético. Son sectores fundamentales para la estructura industrial europea, pero también se encuentran entre los más expuestos a la presión de los costes energéticos, la competencia global y la necesidad de invertir para reducir las emisiones.

El segundo es la industria de la automoción. No sorprende en absoluto. La automoción representa uno de los pilares históricos de la manufactura europea y hoy se encuentra en el centro de una transformación profunda, impulsada sobre todo por la electrificación, la evolución de los componentes y el peso creciente de la cadena de valor de las baterías.

El tercer ámbito incluye las tecnologías net-zero, entre ellas las baterías. Este paso es especialmente significativo porque aclara un aspecto esencial: la Unión no solo quiere utilizar tecnologías limpias, sino que también quiere reforzar su producción dentro de su propio territorio.

Dicho de forma más clara, el objetivo no es limitarse a comprar tecnología limpia desde el exterior. El objetivo es desarrollar capacidad industrial en Europa, para que la transición energética genere también producción, empleo, innovación y valor añadido interno.

Requisitos de origen de la Unión y principio “Made in EU”

Uno de los aspectos más relevantes de la propuesta es la introducción de requisitos de origen de la Unión y de criterios low-carbon, destinados a aplicarse en particular a la contratación pública y a los regímenes de apoyo público.

Aquí se ve con claridad la lógica de la medida. Europa quiere asegurarse de que, cuando entren en juego la demanda pública o el apoyo público, el contenido industrial europeo tenga un mayor peso. En otras palabras, el principio de “Made in EU” no se invoca como una fórmula política abstracta, sino como un criterio operativo capaz de orientar el mercado.

La propuesta prevé también que la Comisión pueda adoptar actos delegados para definir qué terceros países pueden considerarse equivalentes a la Unión en este aspecto. Esa decisión debería llegar en un plazo de seis meses desde la entrada en vigor del reglamento.

Este punto es importante porque muestra que la propuesta no se basa en un cierre automático hacia el exterior. La preferencia por el origen europeo sigue siendo central, pero se deja espacio para reconocer situaciones equivalentes, cuando la Comisión lo considere oportuno.

Los requisitos de origen para los vehículos eléctricos

La propuesta dedica una atención particular a los vehículos eléctricos, estableciendo criterios específicos para considerarlos de origen UE en el marco de los programas públicos y las licitaciones.

Los requisitos indicados son dos.

El primero es el ensamblaje del vehículo en la Unión.

El segundo es que al menos el 70% del valor de los componentes, excluida la batería, sea de origen UE.

Este paso es muy relevante porque desplaza el foco hacia el contenido real de la cadena de valor. Ya no basta con mirar el producto terminado. Pasa a ser esencial evaluar de dónde proceden los componentes y dónde se concentra efectivamente el valor industrial.

Es una diferencia sustancial. Significa que el reglamento no solo observa la presencia comercial de un producto en el mercado europeo, sino su huella industrial concreta dentro de la Unión.

El nudo de las baterías: una regulación más detallada

Para las baterías, la propuesta introduce requisitos aún más precisos, confirmando su papel estratégico.

Se prevé que la batería contenga:

• al menos tres componentes principales originarios de la UE, entre ellos las celdas; o

• al menos cinco componentes principales originarios de la UE, entre ellos las celdas, el material activo del cátodo y el sistema de gestión de la batería (BMS).

El significado de esta elección es bastante evidente. La Comisión no quiere que Europa quede confinada a las fases finales o menos estratégicas de la cadena de valor. Quiere, más bien, favorecer el arraigo industrial también en los segmentos más relevantes desde el punto de vista tecnológico y productivo.

La propuesta añade además un elemento adicional: transcurridos tres años desde la entrada en vigor del reglamento, entrarán en juego también requisitos adicionales relativos a la cuota de componentes europeos para los powertrains eléctricos y los sistemas electrónicos.

Esta previsión sugiere una trayectoria bastante clara. El reglamento no se limita a fijar un umbral inicial, sino que dibuja una evolución progresiva, destinada a reforzar con el tiempo el contenido industrial europeo exigido.

También se prevén disposiciones específicas y simplificadas para los pequeños vehículos eléctricos de categoría M1E, con el fin de tener en cuenta las características particulares de este segmento.

Qué cambia en la contratación pública

Otro punto central de la propuesta se refiere a la contratación pública.

El reglamento introduce disposiciones destinadas a limitar la participación en licitaciones públicas de operadores controlados por entidades establecidas en terceros países que no garantizan un acceso recíproco al mercado de contratación pública de la UE.

En esencia, la Comisión quiere reforzar el principio de reciprocidad. Si las empresas europeas no pueden contar con un acceso equivalente a los mercados públicos de ciertos terceros países, la Unión pretende reservarse mayor margen para limitar el acceso a sus propias licitaciones en sectores estratégicos.

Se trata de un paso importante porque transforma la contratación pública en una herramienta más explícita de política industrial. En esta lógica, la demanda pública no sirve solo para comprar bienes o servicios al mejor precio posible, sino también para apoyar objetivos de resiliencia industrial y refuerzo de las cadenas de valor europeas.

Dicho esto, la propuesta prevé algunas excepciones en los casos en que:

• no existan proveedores alternativos;

• se produzca un aumento significativo de los costes;

• surjan problemas de incompatibilidad técnica.

Se trata de un elemento nada secundario. Por una parte, la Comisión quiere orientar el mercado. Por otra, reconoce que el principio debe enfrentarse a la realidad industrial, a las limitaciones técnicas y a la sostenibilidad económica de los suministros.

Materiales low-carbon: acero y aluminio bajo observación

La propuesta introduce también requisitos específicos relativos a materiales industriales de bajas emisiones, sobre todo en lo que respecta a edificios, infraestructuras y vehículos civiles en el marco de la contratación pública y los regímenes de apoyo.

En particular, se prevé que:

• al menos el 25% del acero utilizado sea low-carbon;

• al menos el 25% del aluminio sea low-carbon y de origen UE.

Según lo previsto, estos requisitos deberían aplicarse a partir del 1 de enero de 2029.

También en este caso la lógica es muy clara. Europa no quiere limitarse a incentivar productos finales más sostenibles. También quiere impulsar la demanda de materiales industriales descarbonizados, intentando al mismo tiempo reforzar la producción europea en los segmentos más relevantes.

Es una decisión que conecta de forma directa la política industrial y la política climática. Y, bien mirado, este es precisamente uno de los elementos más interesantes del reglamento: la sostenibilidad no se trata como un tema separado de la manufactura, sino como una palanca para reorganizarla y reforzarla.

Inversión extranjera directa: apertura sí, pero con condiciones

La propuesta también interviene en la inversión extranjera directa, introduciendo condiciones específicas para las inversiones superiores a 100 millones de euros en sectores estratégicos.

Entre las condiciones previstas figuran:

• el límite del 49% a la participación accionarial de los inversores extranjeros;

• la posibilidad de exigir joint ventures con socios europeos;

• requisitos relativos a transferencia tecnológica, actividades de investigación y desarrollo e integración de las cadenas de valor europeas.

Este es uno de los pasajes más delicados de toda la propuesta, pero también uno de los más significativos. El mensaje, en esencia, es que Europa sigue considerando importante el capital internacional, pero en los sectores estratégicos quiere que esas inversiones generen también efectos industriales concretos.

Por tanto, no basta con la entrada de capital en sí misma. Importa la forma en que esa inversión se integra en la capacidad productiva europea, en la investigación, en la transferencia de know-how y en el desarrollo de las cadenas de valor internas.

Las áreas de aceleración industrial

Otro elemento relevante lo representan las industrial manufacturing acceleration areas.

La propuesta establece que los Estados miembros deberán designar al menos un área de aceleración industrial en un plazo de 12 meses desde la entrada en vigor del reglamento.

En estas áreas se prevén:

• procedimientos de autorización simplificados;

• planificación coordinada de las infraestructuras energéticas.

Este punto merece atención porque aborda una cuestión muy concreta. A menudo, el problema no es solo atraer inversiones o definir una estrategia industrial, sino conseguir transformarla en plantas, proyectos y capacidad productiva en plazos compatibles con el mercado. Y aquí entran precisamente en juego las autorizaciones, la disponibilidad energética y la coordinación de infraestructuras.

En este sentido, las áreas de aceleración podrían convertirse en una herramienta útil para hacer que la política industrial sea más concreta y esté menos frenada por procedimientos largos o fragmentados.

Las posibles implicaciones para las empresas

Para las empresas, el Industrial Accelerator Act abre un escenario interesante, pero también bastante exigente.

Por un lado, quienes ya producen en Europa o cuentan con una supply chain con un fuerte contenido europeo podrían beneficiarse de un contexto más favorable, especialmente en los mercados públicos y en los regímenes de apoyo. Esto podría afectar en particular a las empresas activas en automoción, baterías, materiales industriales y tecnologías limpias.

Por otro lado, la propuesta probablemente exigirá un mayor nivel de control sobre la cadena de suministro. Las empresas deberán ser capaces de demostrar el origen de los componentes, verificar la cuota de valor generada en la Unión, rastrear los materiales utilizados y evaluar la conformidad con los criterios low-carbon.

En otras palabras, no se tratará solo de vender productos competitivos. Será cada vez más importante demostrar cómo se fabrican esos productos, con qué componentes y con qué grado de arraigo industrial europeo.

Para algunas empresas esto podrá representar una ventaja. Para otras, será una invitación a revisar estrategias de sourcing, alianzas industriales y localización productiva.

Los puntos que conviene observar con atención

La propuesta tiene un planteamiento ambicioso y en conjunto positivo, pero también presenta aspectos que será importante vigilar.

El primero se refiere a la capacidad efectiva de la industria europea para responder a la demanda que el reglamento pretende orientar. Fijar criterios más estrictos puede estimular las inversiones, sin duda, pero el punto decisivo será entender si la oferta europea sabrá crecer con suficiente rapidez y competitividad.

El segundo se refiere a los costes. En algunos casos, al menos inicialmente, los requisitos de origen o los criterios low-carbon podrían encarecer el aprovisionamiento. No por casualidad, la propuesta prevé excepciones precisamente en los casos en que el aumento de los costes se vuelva significativo o no existan alternativas viables.

El tercero se refiere a la complejidad de aplicación. Demostrar el origen de los componentes, calificar materiales de bajas emisiones, definir equivalencias con terceros países y aplicar correctamente las nuevas normas en la contratación pública requerirá criterios claros y una fase de implementación bien estructurada.

Y, sin embargo, más allá de estos elementos, la dirección de la propuesta parece constructiva. El objetivo es transformar algunas vulnerabilidades europeas en una oportunidad de refuerzo industrial.

Próximos pasos

Conviene recordar que el Industrial Accelerator Act es, por el momento, una propuesta de reglamento. Por tanto, deberá seguir el procedimiento legislativo europeo y podrá modificarse durante el debate entre las instituciones de la Unión.

Esto significa que los umbrales, los criterios y las modalidades de aplicación todavía podrían evolucionar. Sin embargo, la dirección de fondo parece ya definida con bastante claridad.

El Industrial Accelerator Act es una propuesta que merece atención porque intenta mantener unidos objetivos que con demasiada frecuencia se abordan por separado: competitividad industrial, transición energética, autonomía estratégica y desarrollo de las cadenas de valor europeas.

La novedad no radica solo en el hecho de que la Comisión haya presentado un nuevo reglamento. La novedad está sobre todo en el tipo de enfoque que emerge: utilizar contratación pública, ayudas públicas, criterios de origen, normas sobre inversión y simplificaciones autorizativas para reforzar la producción europea en los sectores estratégicos.

Para la automoción, las baterías, las industrias intensivas en energía y los materiales industriales, se trata de una señal importante. Ciertamente, el texto todavía deberá debatirse y podrá sufrir modificaciones.

En síntesis, Europa parece querer dar un paso más: no limitarse a seguir la transición, sino utilizarla para construir una manufactura más fuerte, más moderna y más arraigada en su propio territorio. Y ese es, en el fondo, el punto que convierte al Industrial Accelerator Act en una propuesta que merece seguirse de cerca.